Jueves 09 de julio de 2020

El Gobierno limitó las funciones de la AFI

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Tal como Alberto Fernández lo anunció ante la Asamblea Legislativa, el Gobierno oficializó por decreto la modificación de la Ley de Inteligencia y la AFI dejará de ser auxiliar de la Justicia. También se decretó la desclasificación de archivos de la causa AMIA.

Este jueves a través del Boletín Oficial el Poder Ejecutivo determinó la sustitución del artículo 4° de la Ley N° 25.520 por lo que ningún organismo de inteligencia podrá: “Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En el Decreto 214/2020 que lleva la firma del Presidente y de todo sus ministros, se aclaró que la Agencia Federal de Inteligencia no podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

Cristina Caamaño, Interventora de la AFI

Otra limitación indica que no tendrá permitido “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

EL Gobierno cuestionó el Decreto 656, sancionado durante la gestión de Mauricio Macri, en el que se aprobó un nuevo estatuto para el personal de la AFI: “Significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, expresó Fernández al asumir como presidente. Para la actual administración, dicha decisión “implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”. Por la anulación de dicho decreto, se justificó: “La imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”.

A fines de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo oficializó la intervención de la AFI por seis meses. Con la oficialización de hoy, el Gobierno consideró “necesario adoptar una medida urgente para lograr bases sólidas para el referido reordenamiento, disponiendo una modificación esencial sobre una de las áreas del Sistema de Inteligencia Nacional que mayores distorsiones ha evidenciado, como es su interacción con el sistema de administración de justicia”. De esta forma justificó la sustitución del artículo 4°, ya que “se establece una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.

“Que corresponde, por ello, limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”. Para el Gobierno, dicha “inadecuada intromisión” ha afectado en “múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia”.

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